Bogotá -- La Fiscalía General reabrió una investigación preliminar en contra del ex presidente Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con grupos paramilitares cuando era gobernador del departamento de Antioquia hace más de 15 años, informó el martes su abogado Jaime Granados.
Uribe no respondió de inmediato para conocer su reacción por la decisión de la Fiscalía.
Granados expidió un comunicado de prensa en el que sostuvo que recibió una notificación en la que "se comunica de parte de la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la revocatoria de una resolución inhibitoria de una antigua investigación previa en contra del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, por hechos acontecidos durante su gestión como Gobernador de Antioquia".
Una indagación preliminar no significa, sin embargo, ni la vinculación formal de Uribe (2002-2010) a un proceso penal ni que esté siendo acusado y mucho menos que se ordene su detención.
La investigación está relacionada con denuncias formuladas en septiembre del 2011 por el congresista Iván Cepeda en el sentido de que cuando Uribe era gobernador de Antioquia (1995-1997), en una finca de propiedad de su familia se habría conformado un grupo paramilitar. Esa hacienda, denominada "Guacharacas", está ubicada en San Roque, Antioquia, a unas 140 millas al noroeste de Bogotá.
La jefa de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, explicó que la decisión de reabrir la investigación contra Uribe se hizo con base en declaraciones de paramilitares desmovilizados. Uribe podría ser citado a declarar en compañía de su abogado.
Según Granados, los ahora declarantes en contra de Uribe son los desmovilizados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, cuyos "relatos (ante las autoridades están) plagados de suposiciones, imprecisiones y mentiras".
En su concepto, "ninguno de los aludidos 'testigos' fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en contra del ex presidente Uribe... Por el contrario, en sus temerarios relatos únicamente se encuentran elementos que dan a entender que las mismas fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros intereses".
En tanto, el congresista Cepeda, expresó su satisfacción por la decisión de la Fiscalía y dijo que "este es, sin duda, el paso más importante de la justicia colombiana en el terrible caso de la parapolítica", la investigación que se inició a finales del 2006 para establecer los nexos entre políticos y las bandas paramilitares.
"Es la primera vez que se abre una investigación en la justicia ordinaria contra el ex presidente Uribe por delitos graves que están relacionados, incluso, con masacres ocurridas en Antioquia durante su mandato como gobernador", agregó Cepeda en un comunicado.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, recordó que Sierra afirmó en su momento que "a mediados de la década de los 90 se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia)..., el cual habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, de propiedad, en aquel entonces, del gobernador Alvaro Uribe".
Respecto de la declaración del testigo Monsalve, Cepeda dijo que es "hijo del mayordomo de la hacienda de la familia Uribe Vélez" y quien afirma que el entonces gobernador Uribe "no sólo apoyó esas autodefensas, sino que presuntamente ordenó una de las masacres ocurridas en el municipio de San Roque".
